Demencia (derecho inglés)
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En el derecho inglés, la defensa por demencia se basa en la idea de que el acusado era incapaz de comprender lo que hacía o de entender que lo que estaba haciendo era indebido. Existen dos formas, en una se alega que el demandado sufría de locura al momento del crimen y otra en la que se sostiene que la padece durante el juicio. La primera situación requiere demostrar la enfermedad que dañaba el funcionamiento de la mente y conducía a un defecto en la razón que impedía al individuo entender lo que hacía o lo incorrecto de sus acciones.
En el segundo caso, la prueba es determinar si la persona puede diferenciar entre los veredictos de «culpable» o «inocente», reconocer los cargos en su contra o dar instrucciones a su abogado. En formas casi idénticas, el uso del concepto se remonta a 1324 y su aplicación penal a finales del siglo XVI. De ser exitosa, es posible que el acusado sea detenido bajo la Ley de Procedimiento Penal (Demencia) de 1964 —en inglés: Criminal Procedure (Insanity) Act 1964—, aunque los jueces tienen criterio sobre cómo proceder. Además, puede resultar en la liberación del demandado o su encarcelación hasta que reciba un indulto real. A partir de 1542, los acusados dementes antes del juicio no podían ser enjuiciados por ningún crimen, incluso por alta traición.
Durante el siglo XVIII, para la defensa los individuos debían demostrar que no podían distinguir entre el bien y el mal, así como que sufrían de alguna enfermedad de la razón que les hacía incapaces de comprender las consecuencias de sus acciones. La formulación más moderna llegó con las reglas M'Naghten —en inglés: M'Naghten Rules—, producto del juicio de Daniel M'Naghten en 1843. No obstante, esta defensa ha sido intensamente criticada, especialmente por el Comité Butler, para el que las reglas «se basan en un concepto muy limitado de la naturaleza de las enfermedades mentales». El comité también ha destacado que el «obsoleto lenguaje de la reglas M'Naghten da pie a problemas de interpretación» y que las reglas surgen «a partir de la arcaica creencia en el rol preeminente de la razón en el control del comportamiento social [...] por lo que no son una prueba satisfactoria de responsabilidad criminal».[1] En 1975, el comité propuso reformas a la legislación, a lo que le siguió un proyecto de ley de la Comisión de Derecho en 1989.