Crímenes de guerra en la invasión rusa de Ucrania (2022-presente)
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Los crímenes de guerra en la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022 son las acciones que constituyen un violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en este conflicto armado (parte de la guerra ruso-ucraniana) y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra, civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.[1]
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La invasión de Ucrania viola la Carta de las Naciones Unidas y constituye un crimen de agresión según el derecho penal internacional; el crimen de agresión puede ser perseguido bajo la jurisdicción universal.[2][3] La invasión también viola el Estatuto de Roma, que prohíbe «la invasión o ataque por parte de las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o cualquier ocupación militar, aunque sea temporal, como resultado de tal invasión o ataque, o cualquier anexión por el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte del mismo»; sin embargo, Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma y Rusia retiró su firma en 2016.[4]
Se han producido numerosos ataques indiscriminados en áreas civiles por parte de las Fuerzas rusas durante la invasión, que pueden constituir crímenes de guerra.[5] El 25 de febrero de 2022, Amnistía Internacional dijo que había encontrado pruebas irrefutables de que Rusia había violado el derecho internacional humanitario y que algunos de sus ataques podrían constituir crímenes de guerra; también dijo que las afirmaciones rusas de que solo usaban armas guiadas de precisión eran falsas.[6][7] Amnistía y Human Rights Watch dijeron que las fuerzas rusas habían llevado a cabo ataques indiscriminados en áreas civiles y ataques a hospitales, incluido el lanzamiento de un misil balístico 9M79 Tochka con una ojiva de bombas de racimo hacia un hospital en Vuhledar, que mató a cuatro civiles e hirió a otros diez, incluidos seis miembros del personal sanitario.[8][9]
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue el ataque ruso del 26 de febrero de 2022 en la ciudad de Ojtirka, en el que habían sido atacados un jardín de infantes y un orfanato.[10] Al día siguiente, Ucrania presentó una demanda contra la Federación Rusa ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Rusia de violar la Convención sobre Genocidio de 1948.[11]
El 2 de marzo de 2022, tras la solicitud de 39 países (Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Principado de Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que investigaría la invasión rusa a Ucrania, "abarcando cualquier denuncia pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en cualquier parte del territorio de Ucrania por parte de cualquier persona”.[12]
En marzo de 2023, la CPI emitió órdenes internacionales de arrestos contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por acusaciones de participación en el crimen de guerra de secuestro de niños durante la invasión de Ucrania.