Caso Gürtel
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El caso Gürtel, también conocido como Operación Gürtel o trama Gürtel, es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007[1] por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.
Caso Gürtel | ||
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Tribunal | Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de la Comunidad Valenciana y Tribunal Supremo | |
Fecha | 6 de febrero de 2009 | |
Palabras clave | ||
Corrupción política | ||
La trama estaba encabezada por el empresario Francisco Correa Sánchez, cuyo apellido Correa en alemán dio nombre al caso,[2][3] sin ninguna relación con aquel idioma. Se abrió el caso Gürtel tras la denuncia realizada desde Majadahonda por el exconcejal José Luis Peñas,[4][5][6] entre otros.
El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por esta en la Audiencia Nacional, fue instruido por el juez Baltasar Garzón –actualmente involucrado en la causa judicial «Operación Tándem» tras publicarse unas grabaciones realizadas por el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, en las que se revela que Garzón y Villarejo estaban «preparando la Gürtel» antes de que el exmagistrado admitiese la causa y comenzara la instrucción[7][8][9][10][11][12][13]–, hasta que fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de una denuncia. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio María Pedreira y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del Juzgado Central núm 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
El denominado caso Bárcenas, que constituye una derivación del Gürtel, y recoge una contabilidad B del PP (es decir, no declarada a la Hacienda Pública española), con recepción de donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del partido, fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Sin embargo, se planteó un conflicto de competencia y la Audiencia Nacional atribuyó también la investigación a Pablo Ruz.[14][15]